El juez federal Sebastián Casanello allanó la sede de Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria (Sofse), controlante de todos los ferrocarriles estatales, por la supuesta contratación irregular de seguros por más de 300 millones de pesos.
Los allanamientos se suman a los registrados en abril último, ante las sospechas que rodean la contratación sin licitación ni mecanismos de control de la empresa Aon Risk Services, que se hizo cargo de "manera exclusiva" de un programa de seguros para los trenes en reemplazo de Nación Seguros.
La investigación judicial podría alcanzar, sin embargo, a otras empresas y sociedades con participación estatal bajo la órbita del Ministerio de Transporte, como Aerolíneas Argentinas, para determinar si la firma Aon obtuvo similares beneficios.
En la denuncia que dio origen a la investigación, el abogado Juan Pablo Marrochi aseguró que la empresa estatal de trenes contrató a fines de diciembre del 2015 los seguros de responsabilidad civil con la firma AON Risk Service sin realizar la licitación correspondiente.
Al mismo tiempo, fueron dados de baja los contratos anteriores con la estatal Nación Seguros. Si, tal como dice la denuncia, el acuerdo ronda los 300 millones de pesos anuales, se habrá superado más que holgadamente el piso (ya elevado en un 550 por ciento por el gobierno de Mauricio Macri) para las contrataciones directas, que ahora es de 1,3 millones.
Las contrataciones abarcarían a la totalidad de los servicios urbanos de pasajeros de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur, Tren de la Costa, los servicios regionales de las provincias de Entre Ríos, Salta, Chaco, Neuquén y Córdoba, y de larga distancia entre Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Rufino y Bahía Blanca.
En las distintas resoluciones judiciales, Casanello y el fiscal que interviene en el caso, Federico Delgado, citaron notas periodísticas en la que se sostiene que AON Risk Service está gerenciada por Jorge Gonzalez Galé a quien identifican como un excolaborador de Franco Macri en la firma Rimaco, bróker de seguros de SOCMA.
González Galé está sospechado -además- de actuar como asesor en las sombras de la Superintendencia de Seguros, donde según el libro de entradas es un visitante frecuente. Los delitos analizados son defraudación y negociaciones incompatibles con la función pública
Los allanamientos se suman a los registrados en abril último, ante las sospechas que rodean la contratación sin licitación ni mecanismos de control de la empresa Aon Risk Services, que se hizo cargo de "manera exclusiva" de un programa de seguros para los trenes en reemplazo de Nación Seguros.
La investigación judicial podría alcanzar, sin embargo, a otras empresas y sociedades con participación estatal bajo la órbita del Ministerio de Transporte, como Aerolíneas Argentinas, para determinar si la firma Aon obtuvo similares beneficios.
En la denuncia que dio origen a la investigación, el abogado Juan Pablo Marrochi aseguró que la empresa estatal de trenes contrató a fines de diciembre del 2015 los seguros de responsabilidad civil con la firma AON Risk Service sin realizar la licitación correspondiente.
Al mismo tiempo, fueron dados de baja los contratos anteriores con la estatal Nación Seguros. Si, tal como dice la denuncia, el acuerdo ronda los 300 millones de pesos anuales, se habrá superado más que holgadamente el piso (ya elevado en un 550 por ciento por el gobierno de Mauricio Macri) para las contrataciones directas, que ahora es de 1,3 millones.
Las contrataciones abarcarían a la totalidad de los servicios urbanos de pasajeros de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur, Tren de la Costa, los servicios regionales de las provincias de Entre Ríos, Salta, Chaco, Neuquén y Córdoba, y de larga distancia entre Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Rufino y Bahía Blanca.
En las distintas resoluciones judiciales, Casanello y el fiscal que interviene en el caso, Federico Delgado, citaron notas periodísticas en la que se sostiene que AON Risk Service está gerenciada por Jorge Gonzalez Galé a quien identifican como un excolaborador de Franco Macri en la firma Rimaco, bróker de seguros de SOCMA.
González Galé está sospechado -además- de actuar como asesor en las sombras de la Superintendencia de Seguros, donde según el libro de entradas es un visitante frecuente. Los delitos analizados son defraudación y negociaciones incompatibles con la función pública
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