La acusación también alcanza al ministro de Defensa, Julio Martínez, el embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau, y los diputados nacionales Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.
Para los legisladores, se habrían cometido delitos “en el marco de la compra de más de 2.000 millones de dólares de armamento de uso bélico para combatir al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, en una clara violación de la ley 22.520 que establece el marco normativo para realizar dichas adquisiciones”.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal 7 de Sebastián Casanello y será investigado por la Fiscalía 5 de Franco Picardi.
Los diputados nacionales Héctor Recalde, Luis Basterra, María Teresa García, Diana Conti, Verónica Mercado, Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade, en la presentación se preguntaron “por qué el gobierno está realizando la mayor compra de armas de la historia”.La denuncia tiene lugar luego de que se difundiera una carta que Lousteau le envió al congresista norteamericano Pete Visclosky, en la que figura un anexo con el material armamentístico.“¿Por qué las negociaciones son secretas? Según indica el embajador Lousteau, la compra sería para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la cooperación frente a las amenazas globales como el terrorismo internacional. Sin embargo, al advertirse el listado de armas surge que el argumento es falso, ya que el material bélico que estaría en proceso de compra por parte de nuestro país, nada tiene que ver y no resulta para nada idóneo para ese fin”, señalaron los diputados.
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