Ghella no consigue financiamiento y se vuelve a complicar el soterramiento del #TrenSarmiento

La firma italiana no consigue respaldo de los bancos, que temen consecuencias de las causas por coimas. La firma italiana Ghella, que tras la salida de Odebrecht quedó al frente del soterramiento del Sarmiento, no consigue financiamiento internacional y se vuelven a complicar las obras, anunciadas hace más de diez años. Como contó LPO meses atrás, molesto por las maniobras de los brasileños con la información del Lava Jato, Mauricio Macri presionó fuerte para que Odebrecht se retire de la obra, algo que finalmente sucedió a fines de junio pasado. Con el retiro también de la española ComSa, la UTE que tiene a su cargo las obras quedó a cargo de Ghella, asociada con Iecsa (ahora llamada Sacde, tras la venta de Ángelo Calcaterra a Mindlin). Ese fue el plan de Macri desde un principio: correr a Odebrechet y dejar a las dos empresas que hicieron la obra del arroyo Maldonado, muy cercanas a su familia. Este medio también reveló que ya desde antes de la salida de Odebrecht, los ejecutivos de Ghella habían empezado a buscar financiamiento asegurando a los bancos extranjeros que los brasileños quedaban afuera, advertidos que ningún inversor se arriesgaría a poner un dólar en una obra a cargo de la empresa que enfrenta el mayor escándalo de corrupción del continente. Ahora, con el terreno despejado, los italianos volvieron a la carga tratando de conseguir fondos y no depender del Gobierno argentino, que por decretó dispuso que el Tesoro transfiera los 45 mil millones de pesos que demandaría la obra. El problema es que la Casa Rosada parece haber modificado su estrategia y el año que viene pretende que el grueso de la obra pública sea financiado a través del esquema de participación público-privada (PPP), para empezar a reducir el déficit fiscal. En rigor, el anuncio de que el Gobierno se haría cargo de la financiación del soterramiento fue una manera de mantener en pie un proyecto que estaba al borde de caerse, pero ningún cálculo serio haría pensar que semejante cifra saldría de las arcas nacionales. Eso sin contar que el contrato original establecía que las empresas debían conseguir el financiamiento. Ghella pretende salir de ese enredo y destrabar el proyecto con fondos privados. Pero a pesar de que ya no tiene la mochila de Odebrecht, sigue teniendo serios problemas para convencer a los inversores. Según supo LPO, los bancos se siguen negando a involucrarse en la obra por las causas de corrupción que todavía están abierta. Aunque todas las sospechas apuntan a Odebrecht, sus socios en la UTE del Sarmiento no están exentos de las investigaciones. En los últimos días, salió a la luz que los brasileños, Iecsa y ComSa abrían pagado "honorarios" durante años a Manuel Vázquez, el testaferro de Ricardo Jaime. No termina de quedar claro por qué tres de los socios se involucraron en esa maniobra y Ghella no. También se conoció un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que determinó que hubo "múltiples" irregularidades en la licitación. Ese informe fue elaborado a pedido del fiscal Picardi, que investiga por presuntas coimas a los directivos de todas las empresas involucradas en la UTE. Es decir, que el escándalo al menos roza Ghella. En ese contexto, los bancos afirman que no pueden arriesgarse a disponer de fondos para el soterramiento porque en los análisis de "compliance" que realizan dan muy mal. El "compliance" es una especie de índice que mide los riesgos de una inversión para evitar, entre otras cosas, incumplimientos o sanciones. Ante esto Ghella argumenta que tiene la garantía de la Sociedad para el Seguro de Crédito a la Exportación (SACE), un organismo del gobierno italiano que recientemente levantó la calificación de riesgo para las inversiones en Argentina, en el marco de la visita del ex premier Matteo Renzi para reunirse con Macri. Pero por más garantía que Ghella esgrima, el riesgo de quedar involucrado en alguna esquirla del Lava Jato o de la investigación por las coimas en el Soterramiento sigue espantando a los inversores. La alternativa sigue siendo que los fondos salgan de las arcas del Estado argentino, aunque eso ya no convence ni al Gobierno